FISCALÍA PIDE PENAS SUPERIORES A 10 AÑOS PARA IMPUTADOS POR ATENTADOS EN METRO DE SANTIAGO Y SUBCENTRO OCURRIDOS EN 2014 Domingo, 21 de Agosto de 2016

SANTIAGO DE CHILE.- A casi dos años de su detención, la Fiscalía Metropolitana Sur presentó acusación en su contra. Los tres imputados en la investigación por los atentados explosivos en estaciones de Metro y comisarías de Carabineros, ocurridos entre julio y septiembre de 2014, enfrentan cargos por delitos de carácter terrorista y penas que comienzan en los 10 años de cárcel.

 

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Juan Flores, a quien se sindica como el principal imputado en la causa, registra el más largo listado de acusaciones: atentado terrorista a medio de transporte público en servicio, lesiones graves (6), colocación de artefacto explosivo terrorista (2), lesiones graves de carácter terrorista (10), lesiones menos graves de carácter terrorista (10) y posesión y tenencia de explosivos, sancionada en la Ley 17.798, sobre Control de Armas.

 

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Ello porque, según la acusación del Ministerio Publico, participó en cada uno de los hechos indagados. En la explosión ocurrida en un carro de Metro, en la estación Los Dominicos, el 13 de julio 2014; en los atentados a la Primera Comisaría de Carabineros y la 39 {+a} de El Bosque el 11 de agosto del mismo año y; un mes después, el 8 de septiembre, en el bombazo del Subcentro de estación Escuela Militar, donde una veintena de personas quedaron con lesiones de diversa gravedad.

 

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Por primera vez el tren subterráneo era objeto de un ataque explosivo en un horario con alta afluencia de público. El artefacto detonó alrededor de las 14:05 horas. Los Dominicos había sido casi al cierre del servicio, cerca de las 23:00 horas.

Diez días exactos después, en medio de la celebración de Fiestas Patrias, Flores y su pareja, Nataly Casanova, eran arrestados en su domicilio, en el barrio “Los Poetas”, en La Pintana. En el lugar, los policías incautaron pólvora negra.

El jefe regional sur, Raúl Guzmán, y el fiscal exclusivo Claudio Orellana pidieron, en la acusación, presidio perpetuo simple para el imputado. Es decir, que solo después de 20 años en la cárcel pueda optar a beneficios.

Para la mujer, una pena de 20 años por prácticamente los mismos delitos atribuidos a Flores. Atentado terrorista a medio de transporte público en servicio, delitos de lesiones graves (6), colocación de artefacto explosivo terrorista y posesión y tenencia de explosivos. Solo se la excluye del ataque a la Primera Comisaría.

 

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Imputados 

Ambos permanecen en prisión preventiva desde su detención, pero la investigación siguió adelante. Había indicios de otros posibles involucrados, en lo que el fiscal Guzmán definió como una “célula compacta, hermética y autónoma”.

Pasaron casi seis meses y en abril de 2015 cayó un tercer imputado. Enrique Guzmán, a quien se le acusó por colocación de artefacto explosivo terrorista, en relación con el atentado a la Primera Comisaría.

Cuando se formalizó la causa, los investigadores tenían registros audiovisuales que ubicaban a Flores en las estaciones de Metro atacadas; el recurrido de su tarjeta Bip, además de la pólvora encontrada en la casa que compartían con Casanova, entre otros elementos.

Guzmán afirma que “se llevó adelante una investigación compleja (…) hubo que reconstruir toda la historia para determinar quiénes fueron los partícipes.”

Ayer, los fiscales detallaron toda la prueba que esperan rendir en el juicio para probar las imputaciones contra los acusados. Esta incluye a más de 150 testigos, alrededor de 70 peritos y una serie de evidencias, cerca de 800 ítems, relativa a documentación, informes policiales y registros audiovisuales, entre otros.

“Esta presentación -dijo el investigador- marca un hito en este proceso. Estamos entrando a una segunda etapa de juicio oral, donde esperamos obtener una sentencia que sea acorde con lo requerido” y la gravedad de los hechos.

El caso se cerró el 8 de agosto pasado, pero el defensor Juan Pablo Gómez -que dijo ayer que aún no era notificada de la acusación- está pidiendo su reapertura, porque “se entregó a esta parte material digital y audiovisual, cuya extensión o capacidad, corresponden a 1.45 TERAs de información”. El tribunal fijó para el próximo 25 de agosto una audiencia para discutir la reapertura de la investigación.

 

Reapertura
La defensa pidió la reapertura del caso, que se discutirá el próximo 25 de agosto.

 

FUENTE: El Mercurio