La Consejería de Fomento y Vivienda
ha trasladado al Ayuntamiento de Málaga que posponer la apertura
del último tramo de las Líneas 1 y 2 del metro, entre Gualdalmedina
y La Malagueta, hasta 2020, como implica la fórmula subterránea,
supondrá un sobrecoste durante la fase de explotación de 50
millones de euros, que tendrán que asumir ambas administraciones en
los porcentajes que determina el convenio de colaboración suscrito
en 2003 (75% la Junta y 25% el Ayuntamiento). Esta cuantía se
sumaría a la subvención anual a la explotación prevista con la
llegada del metro hasta La Malagueta, de 47 millones de euros
anuales, que también deberán abonar la Junta y el Ayuntamiento,
aportando el 75% y el 25%, respectivamente.
La Junta también ha comunicado al Consistorio, durante la comisión
mixta de seguimiento del metro, que le remitirá la acreditación de
las certificaciones de obra para la regularización del pago de su
participación en la inversión, de acuerdo al mencionado convenio.
Ello supone el abono por parte del Ayuntamiento de Málaga, hasta la
fecha, de 32,31 millones de euros, que aún no ha empezado a
realizar.
“Hoy hemos puesto sobre la mesa con toda claridad y lealtad las
cuentas del metro, para que todo el mundo sepa de qué estamos
hablando y podamos actuar en consecuencia”, ha señalado José
Antonio García Cebrián, viceconsejero de Fomento y Vivienda.
Cebrián ha subrayado que la Consejería está cumpliendo “punto por
punto” todos sus compromisos con el Metro de Málaga, “que es la
mayor obra pública de Andalucía y que acumula una inversión
ejecutada desde su inicio de 560 millones de euros”. “Estamos
impulsando las obras, además, en un contexto de extrema dificultad
presupuestaria”, ha señalado el viceconsejero, que ha reafirmado el
compromiso de la Consejería de poner en servicio las Líneas 1 y 2
hasta el intercambiador de El Perchel-María Zambrano antes de final
de año. Este trazado equivale al 83% de la extensión total del
metro y constará de 17 estaciones, servidas por siete trenes. La
plantilla será de 117 trabajadores.
“Hemos reunido la comisión mixta, que es el órgano de
interlocución con el Ayuntamiento, para poner sobre la mesa las
cuentas del metro, al objeto que todo el mundo sepa de qué hablamos
cuando se plantean diferentes opciones o alternativas”, ha señalado
Cebrián, que ha recordado que “el metro no se acaba con la
inversión en la infraestructura, sino que requerirá a partir de su
entrada en servicio de una aportación de las administraciones que
permita conjugar su equilibrio económico y su prestación con
tarifas propias de un servicio público, es decir, accesible para la
mayoría de los ciudadanos”. “Ese servicio público habrá de
pagarse”, ha recordado Cebrián, “con dinero de los ciudadanos de
Málaga y de toda Andalucía, que con tanto esfuerzo pagan sus
impuestos en un contexto de durísima crisis económica”.
El proyecto del Metro de Málaga, ha afirmado Cebrián, se asienta
en un convenio de colaboración suscrito entre la Junta y el
Consistorio en abril de 2003, que determina unas obligaciones
financieras de la Consejería, pero también del Ayuntamiento, “que
éste ha incumplido a pesar de nuestros ofrecimientos para buscar
fórmulas que flexibilizaran estos pagos, o bien con la posibilidad
de compensar la aportación municipal al metro a cambio de
inversiones del Ayuntamiento en actuaciones de movilidad
sostenible”. “La Junta sí ha cumplido su parte”, ha remarcado,
subrayando que el nuevo equipo de la Consejería, llegado en mayo de
2012, situó el metro desde el principio como prioridad y ha dado un
“fortísimo impulso a las obras”.
La Consejería ha comunicado al Ayuntamiento que le remitirá un
oficio con la acreditación de las certificaciones acumuladas desde
el inicio de la obra hasta el 31 de diciembre de 2012 para que
regularice y abone la aportación municipal que le corresponde. Esta
aportación se cifra actualmente en 32,31 millones de euros y
equivale al 25% del tercio de la inversión total real que
corresponde a ambas administraciones, una vez descontados los pagos
efectuados ya por el Estado.
Al margen de esta cuantía, la Consejería también ha trasladado al
Ayuntamiento la necesidad de regularizar convenientemente la
aportación municipal en los tramos del metro cuya construcción fue
rescatada por la Junta del modelo concesional. En concreto, los
tramos Asperones-Doctor Domínguez, Renfe-Guadalmedina y el paso del
metro bajo la playa de vías de Adif. En estos tramos, a los que
habrá que sumar Guadalmedina-La Malagueta, la financiación es
íntegramente presupuestaria y soportada al 100% por la Junta, sin
el concurso del crédito del Banco Europeo de Inversiones o la
concesionaria. Por esta razón, la Consejería plantea la necesidad
de que el Ayuntamiento aporte el 25% no sólo del tercio de la
inversión, sino de su conjunto.
De acuerdo a la inversión ya efectuada en dichos tramos por el
Gobierno andaluz, la aportación municipal se elevaría se eleva ya a
12,71 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2012, cuantía
que no ha empezado a pagar. “A partir de esta cuantía se abren dos
escenarios. Uno es sobre la opción de finalizar el metro con la
solución en superficie que propone la Consejería hasta La
Malagueta, lo que supondría una aportación municipal total por
valor de 31,3 millones. Esta cuantía se elevaría hasta 48,55
millones en el caso de acometer el último tramo de forma
subterránea”, ha explicado Cebrián.
En la comisión se han analizado también otros elementos económicos
de la inversión contemplados en el convenio, como la colaboración
entre ambas administraciones en la reposición de servicios
afectados, cuya cuantificación se seguirá determinando en próximas
comisiones, o las mejoras incorporadas a los proyectos ya aprobados
por petición expresa del Ayuntamiento de Málaga, en concepto de
urbanización, saneamiento o alumbrado, que han supuesto un coste
adicional de 16,83 millones de euros, que serán obviamente
repercutidos en la tarifa técnica durante la explotación.
Costes de la explotación
La comisión mixta también ha
abordado dos últimos puntos vinculados a las obligaciones de ambas
administraciones en relación a la fase de explotación comercial del
metro, de acuerdo con lo estipulado en el convenio de colaboración.
La Consejería ha planteado al Ayuntamiento los diferentes
escenarios en la prestación del servicio de transportes, conforme a
la explotación parcial prevista, y las variables económicas para la
subvención de explotación, de acuerdo con la previsión de viajeros
para las tres fases.
Cebrián ha concretado que la subvención anual de explotación del
metro hasta La Malagueta se estima en 47 millones de euros, importe
que permite conjugar la necesaria cobertura de los gastos de
explotación y costes financieros asociados al reembolso del crédito
del BEI, con el establecimiento de unas tarifas finales acordes al
precio de un servicio público. De acuerdo al convenio de
colaboración, esta aportación es asumida en un 75% por la Junta y
en un 25% por el Ayuntamiento.
La Consejería de Fomento defiende la solución en superficie para
el tramo final Guadalmedina-La Malagueta, ya que otorga certidumbre
técnica, en plazos y económico-financiera a la culminación del
proyecto del metro hasta La Malagueta. Esta propuesta, al margen de
permitir una transformación urbana en la Alameda Principal,
generando un mayor espacio peatonal, permite llevar este sistema de
transporte hasta El Palo en 2016, con los mismos recursos previstos
en la solución soterrada hasta la Malagueta. En cuanto a la obra,
la fórmula en superficie entre Guadalmedina y El Palo supone un
coste 438 millones de euros menor que en subterráneo. El metro en
superficie permitiría, además, la entrada en servicio de la última
parada, La Malagueta, a finales de 2015, anticipando así a esa
fecha la consecución del objetivo de demanda de viajeros, de entre
18 y 20 millones de usuarios/año, sobre la que se asienta el
equilibrio económico del proyecto del metro.
Aportación a la explotación
En cambio, y ante la opción de
mantener el trazado subterráneo con una previsión de entrada en
servicio no anterior a 2020, el déficit de explotación se
incrementaría significativamente por la menor demanda real. De
hecho, la previsión de viajeros para las Líneas 1 y 2 hasta El
Perchel se sitúa en 8 millones de usuarios y hasta Guadalmedina,
prevista en 2014, en 12 millones de pasajeros/año. Esta diferencia
de viajeros debe ser compensada por ambas administraciones para
garantizar el equilibrio económico-financiero del metro.
“Ante esta tesitura, hemos comunicado al alcalde que el
soterramiento, además de dificultades técnicas y mayor riesgo de
sobrecostes durante la obra, implicaría una aportación adicional en
concepto de explotación de 50 millones de euros hasta 2020”, ha
afirmado Cebrián, que ha señalado que “el soterramiento tiene por
tanto una doble y gravosa consecuencia en un contexto económico
especialmente adverso: por un lado, demorar el servicio completo a
la ciudadanía de Málaga hasta 2020, y por otro que ambas
admi-nistraciones tendrían que incrementar en 50 millones, el 75%
la Junta y el 25% el Ayuntamiento, su aportación a la explotación
durante dicho periodo”. “A la luz de estos datos, es necesario que
el Ayuntamiento reflexione y pondere adecuadamente las
consecuencias del soterramiento en el corazón de la ciudad, y
analice con rigor técnico y económico el proyecto constructivo que
estamos redactando y que concluiremos en abril”, ha añadido.
La Consejería también ha recordado que el convenio de colaboración
establece la necesaria coordinación en materia de transporte
público entre ambas administraciones para la óptima gestión del
sistema de transporte público, una vez incorporado el servicio de
metro, y con un criterio de intermodalidad entre el autobús urbano
y el metropolitano, que redunde en el mejor servicio posible. En
ese sentido, Cebrián ha anunciado al Ayuntamiento que, ante el plan
anunciado recientemente por el Consistorio para remodelar las
líneas de la EMT, con un solapamiento de trazado entre el autobús y
el metro, la Junta elaborará un plan de coordinación para someterlo
a consenso, como estipula el convenio.
Reuniones
Finalmente, la Consejería de
Fomento y el Ayuntamiento de Málaga han acordado celebrar reuniones
en marzo y abril para evaluar y precisar tanto las obligaciones
financieras derivadas del convenio de colaboración, como la
necesaria coordinación de la política de transporte con la entrada
en servicio del metro.